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OPRESIÓN DE LA MUJER

Estudio sobre la Ley de Igualdad

LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

EL ESPÍRITU DE LA LEY; “VAMOS A VENDER IGUALDAD”.

La Ley vende la mejora de las condiciones laborales para las mujeres, pero la tan cacareada conciliación de la vida familiar, carga sobre las mujeres el peso de los cuidados y las responsabilidades familiares y sobre las economías familiares el coste de la excedencia por maternidad, sin cobrar salario, o una reducción horaria, con la correspondiente reducción salarial. Esta ley se atreve incluso, a ofrecer premios y publicidad, a las empresas que hagan “planes de igualdad”. Las mujeres defendemos; “con nuestra dignidad no se juega, la igualdad es un derecho, no un logotipo para vender más”.

No es extraño, en estos tiempos que corren, que cualquier ley pueda pasar por progresista. Esta ley que, en otros momentos de luchas y reivindicaciones de igualdad, hubiese sido considerada como un insulto, es hoy venerada por los colectivos que se dicen feministas. Sin embargo, no tiene nada de progresista, las medidas que propone están encaminadas a perpetuar el papel de la mujer como cuidadora y no a promover su emancipación. Y esto es así, no solo desde un plano revolucionario, como reivindicamos nosotras, sino incluso, desde un plano reformista, como se ha querido calificar a la socialdemocracia.

Antecedentes de la ley
Sí empezamos por analizar como se gesta y de donde parte esta Ley, encontramos la respuesta en la exposición de motivos. Se aclara que responde a dos directivas comunitarias; la 2002/73/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, formación, a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo; y por otro lado a la directiva 2004/113/CE, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicio y su suministros. Estas directivas son parte de las políticas de carácter popular que impulsa la Unión Europea para legitimarse frente a los ciudadanos. La Ley de igualdad en el Estado español, más allá de su cometido electoralista, responde a una obligación que proviene de la normativa europea.

No se nos escapa tampoco, que la aprobación de esta ley abre la puerta a nuevos fondos de financiación de la Unión Europea destinados a subvencionar “programas de igualdad”. Fondos de los que se beneficiaran principalmente los empresarios, la administración y los sindicatos mayoritarios, que deben su financiación al gobierno.

En términos generales si analizamos la ley, no deja de ser más que una declaración de intenciones, que no reconoce más derechos nuevos, salvo quizás la tan cacareada conciliación de la vida familiar, y esto lo hace de la peor manera posible, sobrecargando a las mujeres con el peso de los cuidados y las responsabilidades familiares.

Se podría haber aprovechado la oportunidad para avanzar en derechos para las mujeres, pero esta ley no se ha realizado con ninguna rigurosidad ni aspiración de cambio social. Una prueba de ello, es que la ley resulta una simple traslación de las propuestas y objetivos recogidos en el IV Plan De Igualdad De Oportunidades Entre Hombres Y Mujeres para 2003-2006. Aún no podemos saber exactamente el resultado de esta ley, pero sí sabemos que los planes de igualdad puestos en marcha hasta ahora no han mejorado la situación de la mujer. La diferencia salarial entre hombres y mujeres, lejos de disminuir, aumenta, en 1995 era del 13%, en 2002 llegó a alcanzar el 21% .

Tanta coincidencia presenta la ley con el plan de igualdad de oportunidades 2003-2006, que podemos estudiar la ley con los apartados de éste, las áreas son las mismas y está todo más sistematizado. Como guión orientativo referimos una relación de la coincidencia de las áreas del plan con los Títulos de la Ley Orgánica de Igualdad.

1. Área de introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas. Título II Políticas Públicas para la igualdad.
2. Área de igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica. Título IV El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.
3. Área de participación en la toma de decisiones. Título II y Título VII La igualdad en la responsabilidad social de las empresas.
4. Área de promoción de la calidad de vida de las mujeres. Título II Políticas Públicas para la igualdad. Capítulo II.
5. Área de fomento de la igualdad en la vida civil. Título VI Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro.
6. Área de transmisión de valores y actitudes igualitarias. Titulo III Igualdad y medios de comunicación. . Respecto a Educación Título II, Capítulo II Acción administrativa para la igualdad.
7. Área de conciliación de la vida familiar y laboral. Título IV El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.
8. Área de cooperación Título II, Capítulo II Acción administrativa para la igualdad.

A través de estas áreas trataremos de descifrar el contenido de la ley y su alcance.

Área de introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas

Los instrumentos básicos que propone la ley en el ámbito de la administración del Estado son tres; un plan estratégico de Igualdad de oportunidades, una comisión interministerial de Igualdad e Informes de impacto.
Podemos asegurar que el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades no es más que una copia de la ley actual. Desgraciadamente sus ideas no van más allá. El Plan estratégico esta ya disponible en Internet http://www.mtas.es/igualdad/PlanEstrategico.pdf.

Respecto a la Comisión Interministerial, nada puede ser más contraproducente, especialmente en este país, que la creación de más burocracia estatal. No se puede creer que una Comisión Interministerial sea, hoy día, una estructura capaz de fomentar la igualdad de la mujer. El principal avance sería crear una red de asociaciones de mujeres a nivel estatal, que ellas mismas fijasen sus objetivos y que de ahí partiesen las denuncias y las propuestas, y que el gobierno fuese el encargado de ponerlas en marcha. La ley propone también un observatorio dentro de cada ministerio. Nosotros pedimos que encarguen esos estudios de investigación a las universidades, las asociaciones y los colectivos de mujeres para que sean independientes y útiles, o en el peor de los casos que lo encarguen al Instituto Nacional de Estadística. Nada de gastar dinero público en más cargos y más burocracia.

Otra de las cuestiones que recoge la ley en el área pública es la promoción de mujeres a altos cargos. Decimos de nuevo, no queremos altos cargos en la administración que sigan haciendo la misma política que hasta ahora. Una política que permite a los capitalistas aprovechar la condición de opresión de la mujer para pagarles menos salarios, una política que permite a los empresarios incrementar sus beneficios el 73% desde 1999 hasta 2006 mientras que los trabajadores pierden el 4% de su poder adquisitivo . No confiamos en la actual clase política ni en sus altos cargos, nos es indiferente, que sea una mujer o un hombre, el que ponga en marcha estas políticas públicas.

Eso sí, en esta ley, se nota la mano de Maria Teresa Fernández de la Vega, hay una parte amplia de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde expresamente se reconocen derechos y prestaciones a las juezas. Es una pena, que no se introduzca como causa de separación del poder judicial la reiteración de sentencias machistas o al menos una mínima intención de sanción ante la extendida actuación machista de determinados jueces.

Área de igualdad en la vida económica entre mujeres y hombres

Este debería ser el punto donde la ley diera su “do de pecho” y donde más corta se queda. Se quiere impulsar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral y en el acceso a la formación. Para ello se propone la igualdad en los órganos directivos de las empresas, la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, el deber de negociar planes de igualdad en las empresas con más de 250 trabajadores, seguir bonificando a los empresarios, a través de las cuotas de la Seguridad Social, y la medida más innovadora que dice recoger la ley, que es la conciliación familiar.

En el ámbito de la empresa privada, la propuesta estrella, es que las mujeres ocupen cargos en los consejos de administración y otros órganos directivos de las empresas (art.75). Pero, de que le sirve esto a la mayoría de las mujeres. ¿Es que, por que sea una mujer la que mande, van a tener más derechos o mejor salario las empleadas? Las mujeres en los cargos de administración de las empresas están ahí para obtener el máximo beneficio, igual que los hombres, y esta cuestión es irreconciliable. Bien sabemos las mujeres trabajadoras que de nada nos sirve, que quien nos explote sea una mujer o un hombre.

Otra de las medidas propuestas son los planes de igualdad en las empresas. Estos se confían a la negociación colectiva, sin establecer ninguna obligación concreta, ningún mínimo, salvo la elaboración del plan. Además es obligatorio solo en las grandes empresas. Esto tiene fácil lectura, las cosas tal y como están, las trabajadoras solo podemos confiar en la movilización para arrancar conquistas a los empresarios. Debemos exigir que los planes de igualdad contemplen principalmente medidas salariales. De otra manera, nos encontraremos con que los planes de igualdad serán un medio más para financiar a la patronal y a los sindicatos vendidos al gobierno. La financiación europea llegará ahora a través de los cursos para la igualdad de oportunidades y los planes de igualdad.

Respecto a la protección frente al acoso y la discriminación, regulado en el Título I, podemos considerar positivo el hecho de que la ley haga recaer la carga de la prueba en la persona acusada de discriminación, en los procesos que no son penales. Tiene que ser el acusado el que demuestre que no ha ejercido ninguna discriminación. Debemos llevar la exigencia de que la ley se aplique estrictamente en este punto y que haya sanciones para los jueces que dejen de aplicar este criterio. Quizás se pueda señalar este como el punto más positivo y tangible de toda la ley. Hay que dar difusión a esta cuestión, conociendo y valorando en cualquier caso los límites de la justicia burguesa.

Desafortunadamente, para incrementar la contratación de mujeres, la ley sigue confiando en las subvenciones y bonificaciones de la seguridad social a los empresarios, en lugar de imponer obligaciones y sancionar su incumplimiento. Las bonificaciones y subvenciones son un trasvase de renta de los trabajadores a los empresarios, reduciendo las arcas de la seguridad social y recortando los gastos sociales. Este trasvase es un robo a los trabajadores, orquestado desde el gobierno, y destinado a incrementar, los ya colmados bolsillos de los empresarios.

También debemos denunciar el uso mercantil que la ley ofrece a las empresas por poner en marcha planes de igualdad. La propuesta es dar premios, distinciones y publicidad (art.73) a las empresas que cumplan con la normativa o se acojan a ella voluntariamente. No puede haber nada más cínico y solo puede venir de mujeres que no saben lo que es la dignidad. Este es el espíritu de la ley “vamos a vender igualdad”. Las mujeres defendemos; “Con nuestra dignidad no se juega, la igualdad es un derecho, no un logotipo para vender más”.

Si consideramos que la mayor discriminación que sufren las mujeres es respecto al salario las medidas de esta ley deberían tratar de resolver principalmente esta cuestión. La ley debería obligar a los empresarios a;

1. Pagar el mismo salario en la misma categoría. Actualmente la diferencia salarial entre hombres y mujeres en la misma categoría es del 14% .

2. La incorporación de todos los complementos al salario base. A igual trabajo igual salario. Los complementos son la principal causa de discriminación salarial entre mujeres y hombres de la misma categoría .

3. Unificar categorías profesionales en todas las empresas percibiendo la remuneración de la categoría más alta que se agrupa. Esto evitaría que bajo supuestas diferencias de categorías se oculten las diferencias salariales que en términos absolutos llegan a ser de más del 27.5% .

4. Obligar a unas subidas salariales en un 10% anual a los sectores donde mayoritariamente trabajan mujeres hasta la equiparación con los sectores masculinos. Las mujeres trabajan en ocupaciones donde más del 70% son mujeres .

5. Obligar a la contratación de un 25% de mujeres anual en los sectores donde habitualmente trabajan hombres.

6. Subida del salario mínimo hasta 1.000 euros. Las mujeres son las que más cobran el salario mínimo .

7. Acabar con el régimen especial del trabajo doméstico e incluirlo en el régimen general de la seguridad social, con las mismas cotizaciones y los mismos derechos.

Para poner en marcha estas medidas sería necesario incluir su incumplimiento en la ley de infracciones y sanciones del orden de lo social y multiplicar al menos por 4 el cuerpo de inspectores de trabajo para su vigilancia. Es aberrante la desvergüenza de la ley. Regula en su articulado la posibilidad de que los empresarios cambien sanciones por planes de igualdad. Es indigno, que en este país, donde la legislación laboral no se respeta, se ofrezca a los empresarios retirarles las pocas e insignificantes sanciones que les imponen. Como ejercicio de memoria nos podemos preguntar cuantos empresarios hay en la cárcel por la muerte de un trabajador.

Área de participación en la toma de decisiones

Además, de la promoción a las burguesas a los cargos de administración de las empresas y a los cargos públicos, introduce una importante novedad en el ámbito de las elecciones. Obliga a las formaciones políticas que deseen hacer listas electorales a presentar al menos un 40% de cada uno de los sexos. Aunque la medida puede parecer positiva va en detrimento de la democracia y de la participación. Esto es una cortapisa a la propia democracia, porque puede llegar a impedir que se puedan presentar formaciones políticas pequeñas.
Estamos de acuerdo en impulsar a mujeres a tomar responsabilidades en organizaciones obreras y en sindicatos a través de las estructuras internas, proponiendo cuotas y cualquier otro medio de control. Esto no supone un límite a la participación en procesos electorales, que no son en ningún caso un medio para cambiar la sociedad.

Área de transmisión de valores y actitudes igualitarias

La ley en la exposición de motivos señala las dos mayores aspiraciones, la prevención y la previsión de políticas activas.
Para la prevención de la desigualdad, confía en la educación y en la publicidad.
Respecto a la educación se limita a recoger la necesidad de que aparezca la igualdad como un elemento transversal de educación en valores y de nuevo la presencia de cargos directivos mujeres en los centros. Sin embargo, en general vemos como el sistema educativo, no hace más que reflejar las desigualdades que existen en la sociedad y no se articula ninguna medida para solucionarlo. Para que la enseñanza se convirtiese en un medio de transformación social, de forma que los estudiantes con menos posibilidades sociales y económicas pudieran llegar a la universidad sería necesario sobre todo y ante todo aumentar los recursos para educación. El porcentaje del PIB destinado a educación en lugar de crecer se reduce y hoy es inferior al 5,8% de 1992.
El sistema educativo español es especialmente nefasto y conduce a muchos alumnos al fracaso escolar. Esta cuestión sería la principal a resolver para extender la educación a todos y especialmente a las mujeres. Muy al contrario, con la nueva Ley Orgánica de Universidad (LOU), igual que con la LOU del PP, se reducen las posibilidades de acceso a la universidad y a titulaciones superiores, cambiando las becas por créditos, acortando las carreras y estableciendo nuevas titulaciones superiores (Master) a los que se accedería únicamente pagando una importante cantidad de dinero.
Sí, estas leyes fomentan la igualdad, pero la igualdad en el acceso a un trabajo precario. Mucha palabrería para acabar dificultando el acceso a la universidad y no acabar con el fracaso escolar que es lo que condena a muchas mujeres a salir al mercado laboral sin una titulación que les permita optar a un puesto de trabajo. Para mejorar la enseñanza y beneficiar con ello a hombres y mujeres, exigimos la retirada de la LOU de Zapatero y el aumento de los recursos para enseñanza hasta el 15% del Producto Interior Bruto. Que se dejen de palabrerías y fomenten la igualdad real.

Entre las medidas educativas, se propone el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia. Debemos exigir que en el currículo de cada asignatura sea obligatoria la referencia al papel de las mujeres, y no solamente de las mujeres que han tenido un importante peso histórico, sino también de los colectivos de mujeres que han cambiado la historia.

Si realmente quisieran acabar con la desigualdad, empezarían por sacar el adoctrinamiento religioso de la escuela. Ni a esto se ha atrevido este gobierno que se reivindica tan progresista.

Respecto a la otra medida de prevención, el control de la publicidad, esta ley confía en la autorregulación del sector, algo un poco ingenuo, pues basta escuchar a cualquier publicista defendiendo que ellos son un reflejo de la sociedad, no un medio para su transformación. Veremos en que medida, esta ley supone algún cambio. Hasta ahora, el único anuncio retirado es el de Dolce & Gabanna, en el que parecían estar violando a una mujer. Desafortunadamente en la gran mayoría de los anuncios se sigue vendiendo la mujer como un objeto sexual, sigue siendo la que vende detergentes y la que juega con muñecas. Exigimos el control de la publicidad por parte de las organizaciones de mujeres y los colectivos feministas, no confiamos en la autorregulación del sector. El gobierno debe empezar por retirar todos los anuncios en los que la mujer aparece vendiendo productos de limpieza, jugando con muñecas o siendo un objeto sexual, como la mayoría de los anuncios de belleza.

Área de conciliación de la vida familiar y laboral

Si alguien podía creer por alguna razón que esta ley tenía algún tinte progresista, con esta regulación se desvelan las verdaderas intenciones del gobierno; “Las cargas familiares son para las mujeres”. Para facilitar que esto se lleve de la mejor manera posible se amplían las posibilidades de excedencia, es decir la salida de la mujer del mercado de trabajo a cargo del presupuesto familiar. Esto es una medida terriblemente discriminatoria, no solamente para las mujeres, a las que se les responsabiliza del cuidado de familiares, sino para todos-as los-as trabajadores-oras que no pueden solicitar excedencias porque sus ingresos no se lo permiten.

Otra de las medidas de conciliación que es más de lo mismo, es la posibilidad de reducir la jornada laboral. Nos encontramos igual que con las excedencias, con el agravante, de que se fomenta el menor salario para la mujer y su contratación en precario, pues se reduce el sueldo en la misma proporción que las horas de trabajo.

No vamos a dejar de reconocer que hay una medida positiva, el permiso de paternidad de 15 días para el padre. Pero, ¿qué hay del aumento de la baja maternal?, ahora no pueden poner de excusa del déficit de la seguridad social porque ya lleva años con un enorme superávit que se destina a otros gastos. Debemos exigir la baja maternal anual, como en otros países de la UE.

Debemos exigir para la conciliación de la vida familiar y laboral. El incremento de guarderías, ludotecas, actividades extraescolares, centros de atención a la tercera edad, residencias de personas mayores y centros de atención a familiares en situaciones de dependencia. Todos ellos de carácter público. Nada de responsabilizar su cuidado a las mujeres exclusivamente, nada de leyes de dependencia que desvían fondos públicos a entidades privadas.

En definitiva, podemos considerar que esta ley, no solo no es progresista, sino que es reaccionaria y es un paso atrás en los derechos de las mujeres trabajadoras.

Inmaculada Ledesma

¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER!

El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el 1er Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981.

Se eligió ese día en honor a las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 a manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.

Con seguridad en este 25, saldrán comunicados de la ONU y de los diferentes gobiernos del mundo solidarizándose con las mujeres y manifestándose contra la violencia hacia ellas.

Pero nada dirán sobre los aspectos más profundos que están por detrás de esa violencia, comenzando por el hecho de que la mayoría de las 1.500 millones personas que viven con 1 dólar, o menos por día, son mujeres.

Nadie puede negar que la situación del conjunto de la clase obrera esta en niveles impresionantes de pobreza que se manifiestan incluso en los países imperialistas. Así vemos los 40 millones de pobres de EE.UU, los 17.466 millones de desocupados en la Unión Europea y países en guerra con miles de muertos y desplazados de sus tierras.

El imperialismo saquea los recursos naturales de América Latina, África, Asia, invade países como Irak, Afganistán, Haití y negocia con golpistas, como en Honduras. Al mismo tiempo en sus países recortan los derechos de los trabajadores y los derechos sociales del conjunto de clase obrera.

La crisis capitalista mundial no deja de "escupir" marginados a las calles de las grandes ciudades del mundo entre la que se encuentran con mayor proporción las mujeres y los niños que de ellas dependen.

La violencia doméstica

Cuando se habla de la violencia contra la mujer, lo primero que se denuncia es la violencia doméstica que, como muestran las estadísticas de diferentes países del mundo, día a día se multiplica.

Según un estudio del Banco Mundial, uno de cada cinco días laborables que pierden las mujeres por razones de salud es el resultado de problemas relacionados con la violencia doméstica. En Canadá, un informe revela que este tipo de violencia causa un gasto de unos US$1.600 millones anuales, incluyendo la atención médica de las víctimas. En Estados Unidos, diversos estudios determinaron pérdidas anuales de entre US$10.000 millones y US$67.000 millones por las mismas razones. En Europa, una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de malos tratos y un 10% de agresiones sexuales En Chile, un estudio reciente reveló que casi el 60 por ciento de las mujeres que viven en pareja sufren algún tipo de violencia doméstica y más del 10 por ciento agresión física grave. En Colombia, más del 20 por ciento de las mujeres ha sido víctima de abuso físico, un 10 por ciento ha sufrido abuso sexual, y un 34 por ciento, abuso psicológico. En Ecuador, el 60 por ciento de las residentes en barrios pobres de Quito han sido golpeadas por sus parejas. En Argentina, el 37 por ciento de las mujeres golpeadas por sus esposos llevan 20 años o más soportando abusos de este tipo. En Nicaragua, el 32,8 por ciento de las mujeres entre los 16 y 49 años son víctimas de violencia física severa (golpes, lanzamiento de objetos, uso de instrumentos cortopunzantes, quemaduras, y empujones fuertes)[1]

En todo el mundo crecen las muertes de mujeres, en muchos casos precedidas por violaciones, en manos de sus parejas o ex parejas. Y después de cada uno de estos aberrantes casos, existe una generalizada responsabilización social a la víctima. "Qué habrá hecho la mujer para provocar eso.. Si se hubiera ido de la casa se habría podido evitar. Si hubiera elegido con más cuidado a su compañero.."

Lo que poco se menciona son las causas económicas y sociales que provocan la destrucción de las relaciones humanas ni la cultura machista generada por esta sociedad patriarcal, donde la violencia es signo de virilidad y donde el "no" de la mujer tiene muy poco valor.

La violencia laboral

No solo la violencia intrafamiliar golpea a la mujer. También la política de los gobiernos y los empresarios de someter a los trabajadores y en especial a las mujeres a extenuantes jornadas laborales, negándoles todo tipo de seguridad social, desconociendo las enfermedades profesionales adquiridas por cuenta de su labor y haciendo que trabajen en estas condiciones bajo el chantaje de los despidos. Son centenas de miles las mujeres que producto de esas jornadas laborales adquieren tendinitis, túnel carpiano y otras enfermedades que las dejan con las manos muertas. Prácticamente ha desaparecido de las legislaciones la pensión de invalidez. Y algunos puntos proteccionistas que aún existen, como la prohibición de despido durante el embarazo, son pasados por alto por las patronales, ante los ojos cerrados de la Justicia que, en el mejor de los casos solucionan el problema con el pago de una indemnización.

El sistema capitalista es el verdadero responsable.

El capitalismo se aprovecha de la opresión de la mujer, de la diferenciación de roles impuestos por la sociedad patriarcal, para incrementar la explotación. Por eso no hay dudas sobre su responsabilidad en la violencia laboral. Pero también es el principal responsable de la violencia social y la doméstica.

Así como la progresiva destrucción de los servicios públicos, sobrecarga las tareas de la mujer trabajadora y pobre, reforzando las cadenas de la esclavitud doméstica, el desempleo masivo no sólo golpea las condiciones de vida de la familia obrera, sino que trae consigo el deterioro de las relaciones humanas. Se pierden las perspectivas de futuro y viene el escape del alcohol, de la droga. Todo eso redunda en una mayor violencia en la sociedad y en la familia obrera. Las mujeres y los niños son las principales víctimas. Los casos de mujeres golpeadas, de niños abusados, de mujeres violadas, se incrementarán con el crecimiento del desempleo. Aumentará también el acoso sexual en los trabajos, por el miedo de las mujeres de denunciarlo ante el peligro de perder la que probablemente es la única fuente de ingreso familiar.

Por el empeoramiento de las condiciones de vida, la falta de educación sexual y la dificultad de acceder a los métodos de contracepción, más mujeres trabajadoras y pobres se verán obligadas a recurrir a los abortos clandestinos (o a los brutales métodos de los abortos caseros) ante embarazos no deseados o ante la imposibilidad de dar una vida digna a sus hijos. Esta es una de las más terribles violencias que diariamente se ejerce sobre la mujer. Mientras tanto, las clínicas clandestinas, siguen ganado fortunas gracias a la legislación represiva que impide que el aborto se realice en los hospitales en forma gratuita y en las mejores condiciones médicas. Esas clínicas ya son el segundo gran negocio, después del narcotráfico, en gran parte de los países coloniales y semicoloniales. De esto es especialmente culpable la Iglesia católica que con su hipócrita política de "defender la vida" manda a millones de mujeres trabajadoras y pobres a la muerte o a la mutilación. Son igualmente responsables los gobiernos que primero destruyen, con sus planes, las condiciones de vida de la mujer trabajadora y después, capitulando a las presiones de la Iglesia y a los intereses de los dueños de las clínicas clandestinas, se niegan a la despenalización del aborto.

Las que más sufren esta terrible situación son la mujeres trabajadoras más pobres y marginalizadas, las negras, las inmigrantes, y entre ellas las más jóvenes. Todas ellas están totalmente relegadas y olvidadas, incluso por quienes dicen "gobernar para todos", como los Lula y Chávez o en países en donde hay mujeres encabezando los gobiernos, u ocupando puestos claves en ellos, como en Argentina, Chile y el EE.UU. de Obama y Hilary Clinton. Este último es un caso simbólico ya que los representantes de dos sectores oprimidos, un negro y una mujer, incrementan las guerras y la expansión de bases militares sobre todo en Latinoamérica con acuerdos, como los firmados en Colombia, donde los soldados yanquis tienen impunidad para todo, incluso la violación de mujeres.

No hay salida dentro del capitalismo

Si bien son importantes todas las acciones que se puedan hacer para enfrentar la violencia contra las mujeres, no podremos acabar definitivamente con ella, hasta tanto sobreviva este sistema perverso en donde unos pocos lucran con el trabajo y el sufrimiento de la mayoría de la población.

Las mujeres trabajadoras y pobres, las campesinas, las inmigrantes, las desocupadas, debemos encarar, con el conjunto de la clase obrera, la lucha por nuestros derechos. Debemos formar en nuestros sindicatos y barrios, comisiones especiales para investigar y denunciar el acoso e incluso grupos de autodefensa para protegernos de los ataques, debemos desarrollar actividades de concientización sobre estos problemas, debemos exigir al estado casas de acogida para las mujeres golpeadas y mejoras en la legislación laboral. Pero tenemos que ser conscientes de que eso no es suficiente. Debemos desarrollar al mismo tiempo el combate contra las raíces del mal. Es decir, la lucha por la destrucción de esta sociedad injusta y discriminatoria, para reemplazarla por otra solidaria e igualitaria, la sociedad socialista. Una sociedad donde no exista explotación ni opresión y en donde se puedan desarrollar, plenamente, relaciones verdaderamente humanas.

Secretaría Internacional de la Mujer
Liga Internacional de Trabajadores- IV Internacional
25 de noviembre de 2009

¿Disminuir o acabar con la opresión?

A partir de los años 90, muchas mujeres que estuvieron al frente de las luchas y los movimientos de los años 60 y 70 se rindieron al discurso de que “el socialismo había muerto”.
Para esta óptica equivocada, una sociedad igualitaria debería ser construida en base a reformas del capitalismo, y las luchas deberían reivindicar bancas en los parlamentos y encuentros que recomienden a los gobiernos cómo mejorar la vida de las mujeres. Surgieron, entonces, organizaciones que proponían que las mujeres de la clase trabajadora y de la burguesía podrían convivir en armonía y, juntas, acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres.
La mayor expresión de esa política es la Marcha Mundial de Mujeres, una organización presente en diversos países, que busca dirigir la lucha por la igualdad. Esa organización proclama que las mujeres trabajadoras y burguesas son capaces de acabar con la opresión, “construyendo un mundo en el cual reinan la igualdad, la libertad, la solidaridad, la justicia y la paz”.
Para ella, las mujeres son capaces de crear este mundo: “Constituimos más de la mitad de la humanidad. Damos la vida, trabajamos, amamos, creamos, militamos, nos divertimos. Garantizamos, actualmente, la mayor parte de las tareas esenciales para la vida y la continuidad de la humanidad” (Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad, 2009).
El problema es que no existe, según la Marcha, una determinada clase que vaya a realizar esta acción. Por eso, es una organización policlasista; es decir, mujeres pobres y mujeres burguesas están juntas. Es también sexista, pues defiende que las mujeres son capaces, solas, de conquistar su igualdad: los hombres son los enemigos, sean burgueses o trabajadores.
Esa organización identifica el “patriarcado como sistema de opresión de las mujeres y el capitalismo como sistema de explotación de una inmensa mayoría de mujeres y hombres por parte de una minoría”. Sin embargo, no dice qué clase de mundo hay que construir y con quien. No propone la construcción del socialismo como el único sistema capaz de acabar con la opresión a las mujeres.
Es verdad que las mujeres burguesas pueden ir a las calles para exigir del gobierno la legalización del aborto, pero también es imposible que esas mujeres estén en las calles pidiendo aumento de sueldos y mejores condiciones de trabajo o luchando por el socialismo. Estamos en lados opuestos, pues ellas también son patronas y lucran con el trabajo ajeno.
También es verdad que los hombres trabajadores oprimen a las mujeres y que el machismo las desmoraliza y debilita. Tenemos que estar radicalmente contra las menores manifestaciones de opresión, desde los chistes machistas hasta la absurda violencia doméstica o la bárbara matanza de mujeres. Pero los hombres trabajadores necesitan ser nuestros aliados. Sólo así podremos vencer y acabar con la explotación de todos los trabajadores, hombres y mujeres.
La Marcha Mundial de Mujeres y otras organizaciones feministas ilusionan a las trabajadoras al decir que la salida es que nos juntemos con las mujeres burguesas, que son nuestras patronas, para acabar con las desigualdades.
En este 8 de marzo, cuando la Marcha completa diez años, sus banderas en Brasil sólo confirman que ese tipo de organización no sirve para las mujeres trabajadoras y pobres. Por ejemplo, apoyan las políticas del gobierno Lula y crean ilusiones con el llamado “empoderamiento”, que no es otra cosa que elegir mujeres como diputadas, senadoras, gobernadoras y, en 2010, una mujer para presidente del país.
Nosotras, mujeres que vendemos nuestros brazos, nuestra sangre y nuestro conocimiento a cambio de un sueldo de hambre, y que sufrimos todo tipo de discriminación y violencia, sólo tenemos un camino: unirnos en las organizaciones de nuestra clase y, junto con las mujeres y los hombres trabajadores, luchar contra el machismo y por la destrucción el capitalismo. Sólo así conquistaremos una sociedad igualitaria.
¿Por qué el socialismo?
La sociedad capitalista dice que las mujeres son inferiores, permitiendo que los patronos arranquen más ganancia de ellas, pagando sueldos más bajos y poniéndolas en las peores funciones. Además, las mujeres realizan el trabajo doméstico gratis, librando a los gobiernos y patronos de gastos con la manutención de la vida. Por ello, defendemos una sociedad sin clases y sin explotación, donde no haya necesidad de lucrar y, por lo tanto, de oprimir a las mujeres y otros grupos, como negras, negras y homosexuales.
En el socialismo, el Estado será responsable por impedir la violencia contra la mujer, garantizar la salud y la educación (inclusive el aborto seguro), crear guarderías, restaurantes y lavanderías públicos, entre otras cosas.

LEY DE DEPENDENCIA

Pagar por derecho, negociar con un servicio

NUEVO “PILAR” DEL ESTADO NEOLIBERAL

El 1 de Enero del pasado año entró en vigor la Ley 39/2006. Esta Ley regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas. Y a un año de aprobarse la Ley, podemos asegurar que muy pocos de los aproximadamente 200.000 gran dependientes que se calcula debían haber sido atendidos durante el 2007, han visto mejorada su situación. Es más, muchos de los que hicieron la solicitud el pasado año, ni siquiera han sido aún “valorados”, que es el paso previo y necesario que otorga el “derecho subjetivo” a alguna de las prestaciones y servicios que ofrece la Ley.
Sin embargo desde mediados de Mayo del pasado año, (“casualmente” en mitad de campaña electoral para las municipales), se abrió en casi todas las CCAA (no así por ejemplo en Madrid donde gobierna el PP), el plazo para presentar la solicitud de reconocimiento de la dependencia, ante el asombro y el estupor de muchos profesionales implicados de forma directa o indirecta en la aplicación de esta ley. Y es que no sólo el desarrollo normativo en forma de decretos y normativas que regularan dicha aplicación en cada una de las CCAA estaba aún sin aprobarse, sino que el personal necesario no estaba contratado y ni siquiera existían en la mayoría de los sitios protocolos o instrucciones claras del procedimiento a seguir.
Aún así, las solicitudes empezaron a acumularse, y resultado de la publicidad que la Ley tuvo tanto en prensa como en otros medios, en muchos sitios se saturaron rápidamente los servicios de información y recepción. Como resultado de esto y como ya reconocieron en su día algunos responsables de las distintas Administraciones, los plazos ni se han cumplido ni se van a cumplir.
Con todo, lo malo no es sólo que las personas a quienes va dirigida esta Ley (sector de la población que acumula situaciones de carencia y sufrimiento importantes), vean una vez más sus expectativas frustradas ante la lentitud e ineficacia de la Administración, cuando se trata de gastar el erario público en gastos sociales. Alguien podría aducir en defensa de esta, que las dificultades iniciales son normales ante la puesta en marcha de un sistema nuevo. (El llamado por sus siglas SAAD o Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia).
Lo peor y más sangrante tal como intentaremos ir demostrando en este documento, es que esta Ley no va a significar una mejora sustancial en las condiciones de vida de la población dependiente y sus familias. Por el contrario, y a pesar de los discursos demagógicos, se convierte en la cobertura legal que el Estado necesita para seguir privatizando y precarizando las prestaciones y servicios sociales (al igual que el resto de servicios públicos). Y condena además a las familias o más concretamente a las mujeres dentro de estas, a seguir asumiendo el trabajo de cuidados de las personas dependientes, apuntalando así el modelo patriarcal dominante.
Del estado de bienestar a la sociedad del bienestar.
Privatización de servicios sociales y reducción del gasto público: una estrategia neoliberal
Uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno para la aprobación de esta Ley es que esta supone, un nuevo pilar del Estado de Bienestar (el llamado “cuarto pilar”), que garantiza por ley que las personas que no puedan valerse pos sí mismas no sufran discriminación, no sólo en sus derechos formalmente garantizados para todos y todas, sino en su vida personal tanto en lo referente a recursos económicos como en el resto de condiciones vitales.
Sin embargo, hace tiempo que en toda Europa se viene hablando de la crisis del Estado de Bienestar, y se asumen como inevitable políticas sociales más en consonancia con el modelo neoliberal dominante. El Estado Español, donde además, por razones económicas, políticas y sociales que no podemos explicar aquí, el Estado de Bienestar se ha desarrollado de un modo que podemos llamar, “raquítico”, tampoco escapa a esta lógica.
Pero antes de hablar de cual es el modelo social en que se inscribe la Ley de Dependencia, es importante detenerse a explicar aunque sea muy brevemente, qué se entiende por Estado de Bienestar y que ocurrió a partir de que este entrase en crisis a mediados de los años 70, en toda Europa.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se fraguó un amplio “consenso social” en la mayor parte de los países occidentales capitalistas. Uno de los principales elementos en los que se fundo el nuevo consenso de inspiración keynesiana, fue un conjunto de concesiones arrancadas por parte de la clase trabajadora a los capitalistas, que garantizaban a toda la población servicios sociales gratuitos, tales como sanidad y educación y, a su vez, establecían mecanismos de prevención frente a las incertidumbres laborales y ante la vida, con prestaciones públicas garantizadas por desempleo, enfermedad o jubilación. Es importante decir que si bien en estos países avanzados, se realizó durante estos años una importante redistribución de la renta, esta política de redistribución no era sino una forma de mitigar, no de eliminar la desigualdad social, que es consustancial al modelo económico capitalista, donde el objetivo final para las clases dominantes es siempre el aumento de la tasa de beneficios y ganancia privada. Los Estados de bienestar se caracterizaron además por democracias estables y por situaciones de pleno empleo, algo muy lejos de la situación actual donde además el poco empleo creado se encuentra mucho más precarizado que entonces.
La crisis del Estado de Bienestar se ha intentado relacionar con la estela de consecuencias derivadas de la crisis del petróleo de 1973 y especialmente, con la agudización de los conflictos inflacionarios conectados a la subida de los carburantes, pero tuvo sin embargo que ver más con la confluencia de factores económicos, políticos, sociológicos e ideológicos bastante diversos que no podemos detenernos a desarrollar en este documento.
Lo cierto, es que la llegada al poder de gobiernos conservadores en estos países, ejemplarizados por el de Ronald Reagan en EEUU y el de Margaret Tatcher en Inglaterra, determinó que empezase a aplicarse primero en estos países y después en toda Europa, una determinada política económica que favoreciese la flexibilidad productiva, una nueva organización del trabajo y un nuevo orden internacional.
Estas políticas económicas dictadas por el capital, que intentaba recuperar a toda costa la tasa de ganancia, lejos de acabar con la crisis económica, tuvieron y siguen teniendo, consecuencias sociales, políticas y ecológicas enormes que podrían resumirse en: Un aumento de la desigualdad social en todos los países, un mayor aumento de la brecha existente entre países ricos y países empobrecidos y la esquilmación de los recursos del planeta de forma desorbitada.
Pero para poder ser aceptadas por las sociedades, hay que tener en cuenta los mecanismos de influencia en la opinión pública con los que cuenta el poder, y el papel que juegan en nuestras sociedades los medios de comunicación como instrumentos de sumisión y aceptación de la ideología de la clase dominante. Así es cómo se fue transmitiendo la idea de que sólo será posible la conquista del bienestar social, logrando primero un determinado crecimiento económico, entendido este como el simple aumento cuantitativo de ciertas magnitudes económicas.
Y que para ello es necesario dejar la mayor libertad posible a las fuerzas que actúan en el mercado. Además, se admite que cierta desigualdad social es “inevitable” e incluso “necesaria”. Todos estos principios y algunos otros, que no son nada originales ni brillantes, sino una vuelta a los principios liberales del S.XIX, y por eso hablamos de un modelo neo-liberal que es el que se ha ido imponiendo en todo el mundo.
Este modelo neoliberal se expresa también en políticas sociales que continuamente buscan reducir el gasto público en prestaciones sociales, y en el desmantelamiento de los servicios públicos de interés general, como la educación o la sanidad, atribuyéndoles que son la causa principal del déficit público. Para ello, no han dudado en recurrir a todo tipo de argumentos, como la supuesta ineficacia y despilfarro del Estado burocratizado. A pesar de ello, el neoliberalismo que más que menos Estado, lo que propugna es otro Estado, no hace ascos sin embargo a la intervención de este, cuando se trata de preservar y garantizar los privilegios del capital, individual o colectivo. Y por supuesto, lo necesita en sus tareas represivas de guardián del orden establecido.
Cómo no pudieron acabar de un plumazo con el “núcleo duro” de la protección social (enseñanza, sanidad pública y pensiones), que son conquistas de la clase obrera arrancadas a las clases dominantes, frente al modelo de Estado de Bienestar que supuestamente ha fracasado, se empezó a hablar de nuevos modelos de Bienestar (“Sociedad del bienestar”, etc.), donde la responsabilidad de la protección social, corresponde no ya sólo al Estado, sino a toda la sociedad. Y aunque aquel continúe siendo el “garante” de esta, la gestión de los servicios y prestaciones sociales se deja en manos de la iniciativa privada (o sea, el mercado) y de la iniciativa social (el llamado Tercer sector, constituido por asociaciones y entidades sociales supuestamente sin ánimo de lucro, sin olvidar el papel cada vez más activo que juega el voluntariado como mano de obra gratuita, dentro de esta iniciativa social)
Esto se justifica con el argumento de una mayor eficacia de la gestión privada frente a la ineficiencia y despilfarro de lo público. Sin embargo cuando se habla de eficiencia, lo que finalmente se busca es el logro de una mayor eficiencia económica, es decir, el hecho de que sean capaces de ofrecer dichos servicios sociales a un menor coste económico, sin importar el modo en que son capaces de hacerlo ni las consecuencias de ello.
Otro argumento que se suele utilizar es el de una mayor “agilidad” del mercado y la iniciativa social, a la hora de responder a las “nuevas necesidades sociales” que se van creando. Necesidades que por otro lado no son más que las consecuencias de una economía capitalista globalizada (paro crónico, marginación y exclusión de sectores sociales crecientes, etc.). Otro argumento al que se recurre para justificar la participación de la iniciativa social (Ongs, Asociaciones, Fundaciones, etc.) es la importancia de dar cauce a la “participación ciudadana”.
Lo cierto es que ante un escenario creciente de dualización social, como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales, el Estado no sólo no puede prescindir sino que necesita de los servicios sociales para legitimarse socialmente, cumpliendo dichos servicios no sólo una función social de redistribución de la renta (aunque sin acabar con la desigualdad social inherente al sistema), sino una función política e ideológica de primer orden.
Vemos sin embargo cómo esta provisión de servicios sociales al igual que otros servicios públicos aunque esté “formalmente garantizada” por el Estado a través de Leyes, se intenta abrir al mercado, dejándolo en manos privadas. Esta privatización de los servicios públicos forma parte de una estrategia global más amplia del capitalismo que intenta no sólo reducir el gasto social por parte del Estado sino que ha visto en el mercado de “lo social”, (también en España con la aplicación de la Ley, como luego veremos), nuevos y jugosos nichos de negocio donde invertir, que son precisamente los que propician la acumulación del capital.
Dicha estrategia ha sido diseñada por la OMC (Organización Mundial del Comercio), que junto con el BM (Banco Mundial) y el FMI (Fondo Monetario Internacional), rige el mercado internacional. Entre sus acuerdos más relevantes está el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), adoptado en 1995, y que persigue la liberalización progresiva de todos los servicios para el comercio internacional. A nivel europeo, la mal parada Constitución Europea perseguía entre otras cosas dar cobertura legal a este proceso de privatización de los servicios públicos, sustituyendo en su texto este concepto por el puramente mercantilista de “servicios de interés económico general”.
También en Europa, la Directiva Bolkestein, que de momento ha logrado ser frenada por las protestas sociales que ha generado, persigue la liberalización del mercado de servicios que legaliza el dumping social al permitir la importación de mano de obra barata sometida a las condiciones laborales de su país de origen.
Contra el argumento de una mayor eficiencia de la gestión privada, hay que señalar en cambio las siguientes consecuencias del proceso de privatización de los servicios públicos:
1. La pérdida de calidad en la prestación del servicio
Disminución de la calidad que va acompaña de un aumento de la aportación económica de los usuarios. Aunque formalmente se hable del reconocimiento de una serie de derechos sociales que para merecer el nombre de tales, tendrían que ser gratuitos y universales, se impone el argumento de que los usuarios deben “contribuir” económicamente para la obtención de dichos servicios “en función de su renta y patrimonio”. Así también la Ley de Dependencia introduce la fórmula de co-pago de los servicios que reciban los usuarios, en función de su situación económica
2. La disminución de puestos de trabajo, bajos salarios, desregulación laboral y galopante precarización del empleo:
Toda una constelación de trabajadores englobados en el difuso término de “intervención social”, ven cómo su situación general como personal subcontratado, en el estado Español, agravada además por la ausencia hasta hace muy pocos meses de un convenio regulador de sus actividades, les obliga a sufrir altas tasas de movilidad y temporalidad. Estas entidades privadas sin ánimo de lucro funcionan en la práctica como verdaderas empresas, con todas las lacras de la actividad empresarial especulativa: contratación basura, falta de transparencia, élites dirigentes con elevadas retribuciones, y trabajadores explotados en condiciones laborales degradantes.
3. El incremento de la corrupción y del clientelismo.
La "privatización" supone la transferencia de una empresa o actividad pública al sector privado, con independencia de la forma jurídica que tenga la entidad que asume la transferencia: empresa privada local, estatal o trasnacional-, asociación, fundación, organización no gubernamental, sindicato o asociación de empresarios. Este proceso presenta múltiples vías o mecanismos de materialización que básicamente son: la externalización de actividades y servicios, la concesión por un plazo determinado de tiempo, el concierto, y los convenios de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro (ONGS, fundaciones, asociaciones), especialmente frecuentes en el campo de los servicios sociales, con la finalidad de sustituir la prestación directa de dichos servicios por las Administraciones Públicas. En la práctica, muchos de estos convenios de colaboración se conciertan sin publicidad y las asociaciones se eligen en procesos opacos sin libre concurrencia.
Pues bien, La Ley de Dependencia, se inscribe totalmente dentro de esta lógica de privatización. La propia ley reconoce que la Administración no se plantea crear nuevos centros o servicios públicos, sino aprovechar la red ya existente en cada una de las CCAA, y que es totalmente insuficiente como veremos, y concertar con el mercado para atender las nuevas demandas.
A continuación, entraremos a ver en qué consiste el nuevo sistema público que regula esta Ley, y para ello empezaremos con referirnos a su fuente o forma de financiación prevista pues ello es fundamental para descubrir las verdaderas intenciones que esconde su aprobación.
FINANCIACIÓN DE LA LEY
La financiación del SAAD, se recoge en el capítulo V de la Ley. En él se dice que el nivel mínimo de protección estará garantizado por el Estado con cargo anual a los Presupuestos generales del Estado, mientras que un segundo nivel de protección se llevará a cabo mediante convenios anuales o plurianuales con las distintas Comunidades Autónomas cuya aportación deberá ser al menos igual o mayor (nivel de protección adicional) a la aportación estatal.
España que según algunas estadísticas, se encuentra entre los diez países más ricos del mundo, tiene sin embargo un gasto social que es un 7% menor a la media europea. En total, la aportación del Estado en la financiación del sistema, cuya implantación se hará de forma gradual hasta el 2015, será de 12.638 millones de euros hasta el año 2015 , siendo en el año 2007 de 800 millones de euros la aportación total pública (400 millones de aportación estatal, y 400 la autonómica). En la aportación del Estado se cuenta sin embargo con lo que ya se está aportando antes de la aprobación de la Ley en servicios sociales, pues como ya dijimos y reconoce la propia Ley, el catalogo de servicios y prestaciones que se ofrecen son los de la red ya existente en cada CCAA.
Además de esto, los “beneficiarios”; esto es, las personas dependientes, contribuirán a la financiación del sistema, puesto que habrán de contribuir al pago de los servicios o prestaciones que reciban en función de su capacidad económica personal, o lo que es lo mismo en función de su renta y patrimonio. Dentro de este régimen de co-pago, la cantidad a pagar en cada caso, la establece cada Comunidad Autónoma mediante Decretos propios.
Se prevé que en el coste del nuevo sistema, la aportación de los usuarios sea de un 33,6% del total. Estamos hablando de un colectivo de personas económicamente débil, que en un 75% son mayores de 65 años y por tanto pensionistas. Y el resto son personas discapacitadas cuyas cifras de empleabilidad son alrededor del 28% y que por tanto en su mayor parte son también pensionistas.
El propio gobierno reconoce en la memoria económica del anteproyecto de Ley, que la inversión realizada en este “sistema de dependencia”, supondrá una “inversión eficiente, por su impacto social, económico y laboral”. De hecho, según el Libro blanco de la Dependencia y el informe FEDEA, en 2015 se habrán creado 300.000 empleos. Es decir, que habrá un retorno de la inversión pública en forma de impuestos de IRPF, sociedades, IVA y cotizaciones a la Seguridad Social que se prevé llegarán a cubrir hasta dos terceras partes del gasto que implica el despliegue del Sistema Nacional de Dependencia, y además, los efectos sobre el PIB de nuestra economía podrían llegar a ser de un 1, 56%.
Lo que se está diciendo es que los fondos que aportarán las administraciones, servirán para hacer arrancar y mantener el sistema de la dependencia, o sea, la ayuda institucional para desarrollar y mantener el sector privado de los servicios sociales. En vez de un gasto social, se trata de que la economía española crezca a costa de este sector de la población económicamente débil, mientras que las administraciones tendrán un gasto final de 0 euros.
En un sistema capitalista como el nuestro, la fórmula del “co-pago” lleva implícita la idea de que aquel que no tiene ni siquiera su fuerza de trabajo para vender en el mercado, es considerado una carga social, y por tanto habrá de pagar para recibir atención y de paso dejar una parte de beneficio, tanto a las administraciones como a los empresarios.
No se trata, al contrario de lo que pudiera parecer, de gravar a las clases más pudientes, puesto que estas pueden acudir siempre que quieran al mercado para recibir servicios de todo tipo (Sanidad, cuidados, educación), sin necesidad de esperar las “migajas” de la Administración. El sistema está diseñado para la gran mayoría de la población -clases medias-, mucha de la cual actualmente no puede beneficiarse de los escasos servicios sociales de carácter asistencial que ya existen, puesto que no son “suficientemente pobres”, pero en cambio no les alcanza para acudir a los servicios privados.
CATÁLOGO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
El capítulo II de la Ley, recoge las prestaciones y servicios del SAAD, aunque los criterios para determinar la intensidad de protección de estos servicios y la cuantía de las prestaciones económicas, se regularon en un Decreto posterior (727/2007), que no fue aprobado hasta el 8 de Junio del pasado año.
Este Decreto determina cuáles son los servicios y prestaciones que corresponden a las personas que tengan reconocida una gran dependencia y una dependencia severa, si bien este año, sólo los grandes dependientes y los dependientes severos nivel 2, tienen derecho a percibir dichas prestaciones y servicios. Esto es así, debido a la implantación progresiva de la Ley, hasta el 2015.
Una vez reconocida la Dependencia, se establece otro plazo de tres meses, para que los Servicios Sociales comunitarios, elaboren (previa consulta a la familia y la persona dependiente) una propuesta de plan individual de atención, en el cual determinarán cual o cuales son los servicios o prestaciones más adecuados en cada caso, de entre los servicios y prestaciones económicas previsto para cada grado y nivel. No es difícil darse cuenta que dicho plan individual estará condicionado por la disponibilidad de centros que haya en dicha comunidad autónoma, así como por los programas existentes en cada uno de los centros.
También los requisitos y condiciones de acceso a las distintas prestaciones económicas se establecen por las Comunidades autónomas o la Administración que en su caso tenga la competencia. Y es que la Ley distingue entre un nivel mínimo de protección, garantizado anualmente con cargo a los Presupuestos generales del Estado, un segundo nivel mediante convenios anuales o plurianuales entre el Estado y las Comunidades autónomas, y finalmente un nivel adicional de protección que podrá desarrollar cada Comunidad autónoma si lo desea, con cargo a sus propios presupuestos.
De modo, que aunque se diga que la Ley garantiza la igualdad en el ejercicio de este derecho, lo cierto es que, al integrarse en la Red de Servicios Sociales de las distintas comunidades autónomas, y los distintos Ayuntamientos, las prestaciones y servicios variaran dependiendo del territorio donde se obtenga el reconocimiento de la dependencia, como ocurre actualmente con las prestaciones y servicios de carácter asistencial.
De forma general, la Ley reconoce a las personas dependientes los siguientes servicios:
o Servicio de prevención y promoción de la autonomía personal
o Servicio de ayuda a domicilio
o Servicio de centro de día y de noche
o Servicio de Teleasistencia
o Servicio de atención residencial
En cuanto a las prestaciones económicas, se distingue entre:
o Prestación económica vinculada al servicio: Ayuda periódica que se otorga para comprar un servicio privado cuando no sea posible el acceso a uno público o concertado, siempre en función del grado y nivel de dependencia
o Prestación económica para cuidados en el entorno familiar
o Prestación económica de asistencia personal.
De entre los objetivos de dichas prestaciones y servicios, la Ley recoge la de: “facilitar una existencia autónoma en el medio habitual”, y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal.”(Art 13).
Sin embargo, las ayudas económicas para asistencia tecnológica y adaptaciones del hogar, no se mencionan y seguirán ofreciéndose en régimen de subvención y por tanto seguirán otorgándose en función de la “disponibilidad presupuestaria” que exista en cada sitio en el año en curso en que la ayuda sea solicitada.
Tanto las ayudas técnicas (prótesis, ortesis, sillas de ruedas, camas articuladas, grúas, etc.), como las adaptaciones en el hogar de todo tipo (ampliación del ancho de las puertas, baños adaptados, y un largo etc.) son fundamentales para poder facilitar una mayor autonomía a estas personas y poder proporcionar de forma adecuada los cuidados necesarios a las personas dependientes. Además, juegan un papel fundamental en la prevención de riesgos laborales y el fomento de la salud de las personas cuidadoras, que a menudo tienen que movilizar a estas personas para llevar a cabo las actividades de la vida diaria (baño, alimentación, vestido).
Sin embargo, todas estas ayudas y adaptaciones del hogar tienen un elevado coste, por lo que quedan fuera del alcance de muchas familias, que no pueden costeárselas a menos que reciban la tan ansiada subvención. No se explica por tanto el hecho de que queden fuera del catálogo previsto de prestaciones y servicios.
Servicios previstos en la ley
En cuanto a los servicios previstos como decíamos anteriormente, la Ley tiene previsto aprovechar la Red de Servicios Sociales ya existente de las respectivas Comunidades Autónomas, que está compuesta no sólo por centros y entidades de titularidad pública, sino también por centros y entidades privadas, en régimen de concierto con la Administración. De hecho, como veremos más adelante, para determinados servicios y programas, la oferta privada (financiada o no por la Administración) es mucho mayor que la pública.
En un estudio del IMSERSO sobre el estado de los Servicios Sociales en España en el año 2006, para las personas mayores, dependientes o no, aparecen una serie de datos significativos que nos darán una idea de la cobertura real de dicha Red. Dicho estudio señala que en España la población de 65 y más años, a 1 de enero de 2006, representaba el 16,8% de la población total, con 7.477.761 personas de 65 y más años. Los servicios sociales mas importantes disponibles para este grupo de edad a los que vamos a referirnos son: el servicio de ayuda a domicilio –SAD, la Teleasistencia, los Hogares y Clubes para personas mayores, los Centros de día para personas mayores (dependientes o no), y los servicios públicos y privados de atención residencial o residencias.
Si atendemos al índice de cobertura de estos servicios entre las personas mayores, nos encontramos que: El 4,09% tienen asignado un Servicio de ayuda a domicilio, la Teleasistencia abarca al 3’5% de la población mayor, los Centros de Día para Personas mayores dependientes, al 0’64% de esta población y sólo el 4% de la personas mayores se encuentran en Residencia (considerando aquí tanto plazas públicas como privadas).En total, apenas un 13% del total de esta población disfruta de estos servicios, y aunque existen variaciones importantes entre distintas comunidades autónomas, para poder acceder a algunos de ellos como el SAD u obtener una plaza en una residencia pública, el tiempo de espera es incluso de años.
En cuanto a los recursos para discapacitad@a físic@s y psíquic@s menores de 65 años, la red está aun menos desarrollada.
Sin embargo, como dijimos, la Ley no tiene previsto ampliar las plazas y servicios de titularidad pública, sino lanzarse a cubrir la creciente demanda prevista, mediante distintas fórmulas de concertación con el mercado, con las consecuencias que esto conlleva. Pero para comprenderlo mejor, vamos a detenernos con mayor detalle en dos de las prestaciones más importantes que contempla la Ley para las personas dependientes: El Servicio de Ayuda a Domicilio y las Residencias
1. El Servicio de ayuda a Domicilio
Este servicio, que se define como el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia, consiste tanto en servicios relacionados con las tareas domésticas o del hogar, como en servicios de atención personal.
El SAD que se ofrece desde los Servicios sociales de las distintas CCAA, es prestado casi en su totalidad, por entidades o empresas acreditadas para esta función. El precio medio de estos servicios es de 12 euros/ hora, como promedio, del cual el usuario paga una parte en función de su renta personal y patrimonio. En la actualidad, el promedio de la intensidad horaria es de 16,28 horas al mes.
Es decir, que después de meses e incluso años de esperas, los servicios sociales conceden un servicio de atención que consiste en que un auxiliar de ayuda a domicilio acuda al hogar 2 horas al día, dos veces en la semana. Esto quiere decir por ejemplo, que a muchas de estas personas se les cambia un pañal el viernes, y no se les vuelve a cambiar hasta el lunes a primera hora. Esto, que parece una broma de mal gusto, es sin embargo la realidad cotidiana para muchas personas dependientes que viven solas.
Pues bien, con la nueva Ley, el SAD se amplía a entre 55 y 90 horas mensuales para las personas que sean reconocidas como “gran dependientes”, en función de la puntuación que obtengan, y entre 30 y 55 horas mensuales para aquellos a los que se reconozca una dependencia severa. Es decir, que aquellas personas a las que se les reconoce que necesitan de cuidados durante 24 horas al día, reciben como máximo, una atención domiciliaria de 3 horas al día!, por lo cual alguien, probablemente un familiar, continuará “guardándole” la plaza al auxiliar de ayuda a domicilio, o sea, seguirá atendiendo al dependiente, allí donde el servicio no alcanza.
Con lo cual, vemos que el SAD, que podría ser una alternativa para evitar la institucionalización, lograr llevar una vida digna en el entorno habitual, y ofrecer un “respiro” a las familias, que llevan años haciéndose cargo de los cuidados de estas personas, continúa siendo una ayuda insuficiente e incluso insultante para muchas personas, a pesar de lo que dice la Ley, y además sigue cargando la responsabilidad de los cuidados en el entorno familiar.
Por otro lado, la gestión del servicio seguirá llevándose a cabo por empresas privadas, responsables de la contratación del personal. En un estudio de Noviembre del 2006, que se hizo por encargo del IMSERSO y en el que se abordan las dificultades y deficiencias que presenta este servicio, gestionado por dichas empresas, se destaca que: “es importante combatir la fuerte, manifiesta e incuestionable desmotivación de las auxiliares de hogar (personal 100% femenino contratado para desempeñar las funciones atribuidas al SAD), desmotivadas no sólo por las peculiaridades de la baja gratificación,.sino por las particulares condiciones laborales en las que se encuentran, que si bien se sitúan dentro de los márgenes de la legalidad, es un tipo de trabajo del que esperan marcharse hacia al menos, condiciones más estables, más rentables económicamente y con mayor seguridad de ingresos”.
Y sigue diciendo el estudio:” Una amplia mayoría de estas mujeres contratadas en empresas de servicios, combinan esta labor con otras, también de cuidados a mayores, a personas discapacitadas, a menores, en horarios nocturnos, en residencias, en guardias hospitalarias, o en espacios domésticos, por lo que sus fatigas y cansancios, sus deterioros físicos y psíquicos, son realmente importantes.”
2. Servicios residenciales
Al igual que en el SAD, las listas para acceder a una plaza pública o privada concertada, son también enormes y la espera se extiende por años, a no ser que la familia pueda pagar la plaza residencial de su propio bolsillo. La red actual es totalmente insuficiente para cubrir la demanda de plazas que va surgir con esta nueva Ley. Y de nuevo, la solución es concertar con la iniciativa privada, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora.
De hecho, dentro de la red actual, del total de residencias para personas mayores que existen, el 83% son privadas y sólo un 17% son públicas. De las primeras, sólo el 20% de las plazas que tienen son concertadas (es decir, que la Administración paga una parte del coste total de la misma) y el resto, o sea, un 56% privadas, son pagadas íntegramente por el usuario a precios de mercado.
Actualmente y hasta que no se establezcan los conciertos necesarios con la iniciativa privada para crear nuevas plazas residenciales, el desarrollo de la Ley ha supuesto que en algunas CCAA como por ejemplo Andalucía, han tenido que recurrir a eliminar las pocas plazas públicas para personas mayores válidas que existían, transformándolas en plazas de dependientes, con lo cual las personas mayores que no son dependientes están siendo discriminadas en su derecho a solicitar una plaza de residencia.
Con la nueva Ley, se tiene previsto que más de 80.000 nuevas plazas de residencia necesitarán ser creadas. Centros específicos para personas mayores y personas menores de 65 años con algún tipo de discapacidad o enfermedad mental, de los que el 80% al menos, seguirán en manos del sector privado, muchas en manos exclusivas de las ONGs, organizaciones “sin ánimo de lucro”, que tardarán muy poco en saber lo que significa lucrarse. Pero para acceder a dichos servicios tendremos que pagar en proporción de 10 a 90% en función de nuestra renta y patrimonio.
Prestaciones económicas
Estas prestaciones, son las ayudas que más resonancia han tenido y las que han despertado en general mayor esperanza entre la población dependiente y sus familias. La Ley recoge tres tipos de prestaciones económicas: Prestación económica para cuidados en el entorno familiar, prestación económica de asistencia personal y prestación económica vinculada al servicio
Posteriormente a la Ley, el Decreto 727/2007, desarrolla los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios antes mencionados, y también la cuantía de las prestaciones económicas
Pues bien, dicho decreto estableció para el año 2007, que las cuantías máximas de estas prestaciones para las personas consideradas gran dependientes (que son las únicas, recordemos, que tenían derecho a algún tipo de ayuda el pasado año), fuesen las siguientes:
Cuantías máximas de las prestaciones económicas por Grado y Nivel para el año 2007

GRADOS Y
NIVELES Prestación económica
vinculada al servicio Prestación económica para cuidados en el entorno familiar Prestación económica
de asistencia personal
Grado III.Nivel 2. 780 euros mes 487 euros mes 780 euros mes
Grado III.Nivel 1.. 585 euros mes 390 euros mes 585 euros mes

Posteriormente, se ha aprobado el RD 7/ 2008 del 11 de Enero, que actualiza dichas prestaciones para el presente año, e incluye a los Dependientes severos, Nivel II, que también tienen derecho a recibir las ayudas este año, estableciendo así las siguientes cuantías máximas:

Cuantías máximas de las prestaciones económicas por Grado y Nivel para el año 2008
GRADOS Y
NIVELES Prestación económica
vinculada al servicio Prestación económica para cuidados en el entorno familiar Prestación económica de asistencia personal
Grado III.Nivel 2. 811’98 euros mes 506’96 euros mes 811’98 euros mes
Grado III.Nivel 1. 608’98 euros mes 405’99 euros mes 608’98 euros mes
Grado II.Nivel 2. 450 euros mes 328’36 euros mes

Se entiende por cuidados en el entorno familiar, como una ayuda económica de “apoyo”a los cuidadores no profesionales. Es decir, que no se reconoce su actividad como un trabajo, pero a cambio de una prestación económica que por no llegar no llega ni siquiera al SMI, los familiares, es decir, las mujeres dentro de las familias, tienen la obligación de seguir cuidando de un familiar las 24 horas del día.
Estamos hablando de personas que llevan años cuidando a un familiar que necesita -no lo olvidemos- ayuda o supervisión constante para realizar todos los actos esenciales de la vida diaria, lo cual supone dedicación casi exclusiva. Y de personas -las cuidadoras- que hace años que han tenido que renunciar a un trabajo remunerado para tener a su familiar atendido en condiciones dignas, y que en muchos casos ya no tienen ni la edad ni la preparación suficiente para volver al mercado de trabajo, y por lo tanto dependen económicamente de otro familiar para sobrevivir, o que tienen que complementar este trabajo de cuidados, con otro a tiempo parcial, generalmente mal pagado.
Hacerse cargo de un familiar dependiente y desempeñar a la vez, un trabajo remunerado, resulta una situación muy difícil de mantener para la mayoría de las cuidadoras. Además, el asumir el cuidado de una persona dependiente que padece problemas de salud, también supone no sólo una perdida de poder adquisitivo de la cuidadora, sino también un incremento de los gastos.(medicamentos, ayudas técnicas, viajes constantes a revisiones de salud, urgencias, etc.). Eso sin contar, el impacto sobre otras áreas de la vida como sobre su propia salud. La mayoría de las cuidadoras mencionan problemas concretos como depresión o ansiedad, sentimientos de irritabilidad, nerviosismo, tristeza y agotamiento.
Esta prestación ridícula, se “complementa” con la inclusión de los cuidadores en el régimen de la seguridad social, en situación “asimilada de alta” mediante un convenio especial, que para este año 2008 es una cuota de 153’93 euros al mes más un “compromiso” de formación. La inclusión en la S. Social, cuya base mensual de cotización es el tope mínimo establecido, no les servirá para cobrar prestación económica alguna cuando finalice el trabajo de cuidados sino que será a efectos de prestaciones de jubilación, de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, derivadas de accidente.
En cuanto a la prestación para asistencia personal, tiene como finalidad según la Ley, “la contratación de un asistente personal para ayudarle, en el ejercicio de las actividades de la vida diaria, de modo que le permita llevar una vida más autónoma en su entorno habitual”
Con 811 euros al mes, (en el mejor de los casos) que asegura la Ley, no alcanza para contratar a ningún “asistente”, (figura nueva que introduce la Ley, a la que sólo tienen derecho los gran dependientes, y que a día de hoy, se continúa sin saber muy bien en qué consiste), cuando estamos hablando de personas que precisan entre 10 y 24 horas al día de atención constante, los 365 días al año. Claro que está la posibilidad de recurrir, (como se ha venido haciendo hasta ahora en muchas familias) a alguien, (generalmente mujer inmigrante en situación ilegal) que a cambio de alojamiento, comida y un pequeño sueldo, “cuide” de la persona dependiente el resto del día.
Este trabajo de cuidados (que supone un sinfín de tareas, no sólo de ayuda en las actividades de la vida diaria, sino más específicas como aplicación de medidas terapéuticas, acompañamiento, etc.), es una de las pocas posibilidades para muchas inmigrantes sin permiso de trabajo, de obtención de recursos económicos. Vemos por tanto, como esta ayuda es claramente insuficiente, fomenta la precariedad laboral de las personas que van a ser contratadas, y en definitiva va a propiciar la “creación” de muchos puestos de trabajo sin derechos garantizados.
Por último, la prestación vinculada al servicio se refiere a aquella prestación económica de carácter periódico, que se otorga para pagar un servicio en el mercado, cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado en el entorno de la persona, por falta de disponibilidad de plazas.
Con 811 euros o peor aún con 600 o incluso 450 euros al mes, se pretende que la persona dependiente pueda pagar el servicio privado al que legalmente se le ha reconocido tiene derecho subjetivo, es decir, de por vida, mientras tanto persistan las condiciones que dieron origen a tal derecho. Para hacernos una idea, en el año 2006, el coste medio de una plaza en un Centro de día para Personas mayores dependientes, era de 600 euros al mes. Si hablamos de una residencia para válidos (personas mayores que se valen por sí mismas), el precio medio se sitúa en 1317`54 euros y alrededor de 1500 euros al mes si se trata de una plaza para persona mayor no válida. Pero si hablamos de personas dependientes menores de 65 años, con alguna discapacidad física o psíquica, se sabe que el precio medio de una plaza, dependiendo del tipo de centro que sea, es de 35.000 euros anuales.
Claro que si con el dinero que te dan no alcanza, pero tienes una casa, siempre puedes recurrir a una hipoteca inversa, (que para eso los bancos no dejan de discurrir nuevas fórmulas de enriquecimiento a nuestra cosa), y convertirte así en residente en una “jaula de oro”, a cambio de permitir que otros gestionen tu vida y tus bienes, para hacer efectivo lo que siempre fueron nuestros derechos.
Pero ahí no queda la cosa. Además de ser claramente insuficientes, la Ley establece que la percepción de alguna de estas prestaciones económicas, deducirán de su cuantía, cualquier otra prestación “de análoga naturaleza y finalidad” establecida en los regímenes públicos de protección social. En concreto, se deducirán (o sea que les quitan dicha prestación):
El complemento de gran Invalidez (50% de la pensión )
El complemento de asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con 75% de minusvalía o más ( 164,22 euros)
El de necesidad de tercera persona de la pensión no contributiva (164,22 euros)
El subsidio de ayuda a tercera persona de la LISMI (58,45 euros)
Es decir, que para una persona que reciba una pensión de gran invalidez de 902 euros al mes, con un complemento de 451 euros, el dinero real nuevo que se le otorgaría para cuidados en el entorno familiar por ejemplo, sería en el mejor de los casos de: 506- 451= 55 euros.
La pensión no contributiva de jubilación e invalidez para el año 2008 más el complemento de necesidad de tercera persona, es de 492,66 euros (328,44 + 164,22). Ese 50% de complemento que se le quitaría a las personas que perciben esta pensión, supone que se verán obligadas a sobrevivir con 328 euros, lo que les llevará a una precariedad aún mayor en su calidad de vida, o a una forzada residencialización.
Esta incompatibilidad entre prestaciones, que se extiende a la incompatibilidad entre algunos servicios, supone que la nueva norma no va a suponer una mejora en la atención y la calidad de vida de estas personas. Y si no que se lo digan al padre de un chico malagueño afectado de parálisis cerebral que acude a un centro de día de esta localidad y que es uno de los pocos valorados como “gran dependientes”, que ya ha recibido resolución con los recursos a los que tendrá derecho con la nueva Ley. Como explica su propio padre: "Nombran cuidadora a mi mujer que tiene una incapacidad permanente por enfermedad y le dan 300 euros al mes. En principio eso no era lo que queríamos, pero es que después nos indican además que perderíamos la unidad de estancia diurna y los 150 euros de ayuda para tercera persona". Esta ley no me parece bien. Pensábamos que no perdíamos nada de lo que ya teníamos", y además, ¿la ley no busca dar respiro a la familia y mejorar la vida del cuidador? "Mi hijo tiene 22 años y yo no sé lo que es un descanso. Por la mañana me voy a trabajar y mi mujer no puede levantar a mi hijo. Ahora mismo estamos recibiendo ayuda". Y concluye: “Esta Ley me parece de risa”
PAGAR POR UN DERECHO, NEGOCIAR CON UN SERVICIO
Vemos por tanto como con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, el mercado de “lo social”, experimentará por tanto en breve un crecimiento importante, en el que muchos han visto un nicho de negocio Ya hay varias empresas -y más de una constructora- preparándose para prestar un servicio que promete negocio de miles de millones anuales, y también influencia.
Cada año hay en España 150.000 personas que cumplen 65 años. El grupo de españoles con 85 y más años crecerá un 80% en las dos próximas décadas. Y el de 20 a 34 años perderá casi un tercio de sus efectivos. Teniendo en cuenta la implacable correlación entre edad y dependencia, la cifra de españoles con “derecho” en el futuro, a recibir las ayudas del SAAD se dispara cada día. El 32% de las personas mayores de 65 años tiene algún tipo de discapacidad, frente al 5% del resto de la población.
El empresario y presidente de la Fundación “Alares”, Javier Benavente, que lleva años en el sector servicios con programas de asistencia familiar y de conciliación laboral, familiar o personal, y que es ahora “pionero” en el de la dependencia, reconoce que: "Con el SAAD nace una nueva dimensión económica y social. Aparecerán nuevas demandas que habrán de atenderse desde nuevos negocios y servicios, y con fórmulas organizativas, tecnológicas y de respuestas personales y profesionales”.
Pronto se verán cumplidos los pronósticos de los estudios previos sobre lo que va a significar económicamente el SAAD, no sólo en los empleos a crear y en los retornos empresariales y fiscales subsiguientes, que rebajarían la aportación del PIB que hay que destinar al SAAD. Habrá grandes oportunidades para las iniciativas rentables y para demostrar que la solidaridad también contribuye a la competitividad económica”.
Además de Alares, (que cuenta hoy con 400.000 “beneficiarios”-como reza su página web- de sus servicios de atención a la familia dentro del programa: Conciliación Familia-Trabajo), actúan en ese sector y, por tanto, se preparan también para abordar el reto del SAAD, empresas como Eulen, Mapfre Quavitae, Sanitas, Sar, Amma Gerogestión, Ballesol, Concilia, Caser, Mas Vida Red, Antikua, Icas, HealthCare o Behavioral. Algunas de estas empresas tienen incluso sus propias escuelas de formación de nuevo personal.
Como en el mercado empresarial, se producen las primeras fusiones y absorciones de marcas del ramo. Recientemente, tres de ellas, Diagrama, Trama y Grupo Norte (un holding antes dedicado a temas de limpieza), formaron una Unión Temporal de Empresas para poder alcanzar mayores contratas. Encontramos empresas como Servirecord, con presencia en todo el Estado y que se expande a nivel internacional y cuyos servicios integran residencias de mayores y discapacitados, programas para la mujer, infancia, juventud y exclusión social. Y de forma paralela, empresas constructoras que en poco se han distinguido por sus preocupaciones sociales (caso de Fomento de Construcciones y Contratas o ACS, de Florentino Pérez), han asomado con fuerza.
Asfa 21 Servicios Sociales, otra empresa de servicios sociales de ámbito nacional, afirma también en su página web que:”La intermediación de servicios sociales es un negocio en franco proceso de expansión y con un futuro proporcional al aumento de la esperanza de vida de los españoles y del incremento de personas mayores que demandan una serie de cuidados asistenciales, cada vez más especializados y de mayor calidad. Es un hecho que la población va envejeciendo y, con una alarmante frecuencia, encontramos familias que no pueden cuidar de sus mayores, bien por incompatibilidad con sus horarios laborales, bien por otros motivos, precisando contratar los servicios externos de una empresa como Asfa21 Servicios Sociales. Nuestros objetivos -continúa diciendo-, son seguir creciendo y alcanzando un posicionamiento, cada vez más alto, en el inmenso campo de los Servicios Sociales.”(Sin comentarios).
CONCLUSIONES
1.- La Ley de Dependencia no ofrece servicios ni prestaciones económicas suficientes para garantizar -pese al discurso demagógico del gobierno- el derecho de la persona dependiente a permanecer en su entorno habitual si así lo desea, en condiciones dignas, sin tener que depender económicamente de otras personas para su subsistencia.
2.- Perpetúa el papel de la familia (y de las mujeres dentro de esta), como prestadora principal de cuidados. De este modo, contribuye a reforzar el modelo social patriarcal. Un modelo en el que las necesidades de los hombres en general, están por encima de las necesidades de las mujeres, contribuyendo a la opresión de estas. Las mujeres asumen como inevitable o se ven obligadas a aceptar el papel de cuidadoras de personas mayores, enfermas y menores, prestadoras de apoyo y consuelo, así como prestadoras de servicios de carácter doméstico.
Esto contribuye a la baja autoestima de las mujeres y supone menores oportunidades para su promoción social, y una mayor vulnerabilidad, aumentando así sus posibilidades de ser víctimas de maltrato (psíquico y/o físico) doméstico. Dichos trabajos de cuidados, apoyo emocional y trabajo doméstico, son además invisibilizados al interior de la familia de forma interesada por el capital, que en una sociedad asalariada como la nuestra, intenta reducir los costes de mantenimiento de la fuerza de trabajo, y aumentar así sus propias tasas de ganancia.
3.- Fomenta la precariedad laboral y la creación de un empleo sin derechos. La actual mecánica de funcionamiento de las administraciones municipales y autonómicas que adjudican sus servicios a las empresas y asociaciones, permite a la administración desvincularse de toda relación laboral con los trabajadores, tarea que es asumida por dichas entidades intermediarias. La Ley consolida este modelo de privatización de servicios sociales, de responsabilidad pública, pero de gestión privada, con las consecuencias que esto conlleva, de creación de empleo precario y sin derechos, en el que predominan entre otras situaciones:
• Retrasos en el abono de los salarios.
• Grandes diferencias salariales entre los trabajador@s
• Ausencia de estabilidad laboral.
• Salarios no acordes a la titulación.
• Persecución a la organización de los trabajador@s .
• Desvalorización de estas profesiones
• Desregulación laboral
La Ley de Dependencia se enmarca dentro de una serie de medidas, que el gobierno define como de “giro social”, pero no es más que una nueva estafa. Una excusa perfecta para seguir realizando transferencias millonarias de renta pública o sea de recursos del Estado, a la constructoras e inmobiliarias, que habrán de construir los centros necesarios, y a los nuevos mercaderes que ofrecen salud y servicios de provisión de cuidados de todo tipo.
Y es que este gobierno que se define “de izquierdas”, y que aprobó esta ley, es el mismo gobierno que ha consolidado los privilegios de la enseñanza privada, alargado la edad de jubilación y el periodo de cotización. El mismo gobierno que con el apoyo inestimable de la izquierda institucional y la burocracia sindical abarata cada vez más el despido, blinda la precariedad, fomenta la esclavización de la juventud, vía pago de hipotecas, y aumenta la pobreza en la vejez. El mismo gobierno en fin, artífice de una Ley de Igualdad que legitima y permite alargar los contratos precarios y a tiempo parcial a las mujeres, bajo el pretexto de una supuesta “conciliación entre vida familiar y laboral”, cuya responsabilidad recae una vez más, sobre los hombros de estas.
L.R.

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